La herencia cultural del Proceso

Por Rodolfo E. Fogwill

Escribí en diciembre que los radi­cales, en general, no tenían po­lítica. Una política radical, a la vista de los primeros movimientos del gobierno recién instalado, era producto de las pesadas circunstancias más que de cualquier proyecto de partido, o de grupo. El Porteño publicó eso en su número de enero produciendo distintos tipos de críticas, enojos y reproches. Pasados cuatro meses, y confirmando el pronóstico que formulaba aquel pri­mer análisis, espero que esta vez los críticos atiendan a la lectura de mis observaciones en lugar de dedicarse al re­gistro de las emociones que algunas frases y subtítulos les puedan despertar. Se trata de analizar la herencia cultural del Proceso en sus relaciones con la política de estos días.

El Proceso no es el proceso

La palabra "proceso" forma parte de aquella herencia cultural. Acuñada por los fundadores del régimen de 1976, su empleo sirve para ocultar un dato indispensable, sin cuyo concurso no se pude entender la situación contemporánea. Hablar del Proceso, es sostener la creencia de que aquello co­menzó en 1976 y que concluyó en 1983. Falso: la metodología represiva que pasa por ser un rasgo característico de esos años de Videla a Bignone, no co­menzó en 1976 sino en los primeros años de la década: las desapariciones de Martins, Maestre y tantos más, la ma­tanza, -nunca revista-, de Trelew, los operativos de Ezeiza y las actividades de la AAA tienen el mismo signo y la misma función que los operativos de 1977.y 1978. Algo semejante ocurre con la política económica, cuyas raíces se encuentran bien definidas en cuanto a la redistribución por el gabinete de Rodrigo, yen cuanto al endeudamiento externo en todas las políticas bancarias y cambiarias que se sucedieron al cabo de la gestión de Gelbard. Las mismas características del operativo militar de 1976 prueban que el cambio de autori­dades fue más un procedimiento administrativo que una "revolución". Revisar la prensa de la época, y el testimonio de la resignada complacencia de parlamentarios peronistas, frentistas y radicales aclararía mucho al respecto.

Más difícil será determinar la verdade­ra fecha de cierre del Proceso. Para al­gunos terminó con el interregno de Viola. Para otros, con la movilización del 30 de marzo de 1982, o con la aven­tura militar del viernes siguiente. No faltan mentirosos: por ejemplo, Athos Fava llega a decir que la democracia actual es el "fruto de la heroica lucha de los trabajadores y el pueblo ..." Estoy convencido de que todo el espectro político tradicional argentino, desde Al­sogaray hasta el último diputado her­minista, estaría dispuesto a suscribir es­ta ilusión del secretario del Partido Comunista local. 'Allá ellos. Los historiadores del futuro tendrán que. realizar su tarea entre millones de frases por el estilo, y seguramente acabarán dividiéndose entre quienes piensen que el Proceso dio por terminada satisfacto­riamente su tarea histórica de redistri­bución y dependencia, quienes calculen que sus autoridades resolvieron retirarse ante un diagnóstico general de ingobernabilidad del país, y quienes cínicamente supongan que la banda que tuvo a su cargo la gestión 1976-1983 del largo Proceso de la Argentina se dio por satisfecha con el saqueo realizado por sus principales cabecillas. Faltaría es­tablecer qué fecha han de elegir para la demarcación del verdadero fin del Pro­ ceso: ¿1985? ¿1989? ¿2004? No se puede conjeturar. Lo cierto es que ha bitamos temporariamente en una etapa "democrática", decidida por el gobier­no de Franco, Nicolaides y Hughes sin consultar al señor Athos Fava. Como el empleo de la palabra "proceso", el actual uso de la expresión "democra­cia" es también una herencia del Proceso: herencia lingüística, cultural, o po­lítica. Aunque el partido mayoritario fue objeto de infiltraciones, manipulaciones, proscripciones e internas fraudulentas, hay consenso en que las elecciones de octubre fueron tan "de­mocráticas" como es capaz de resistirlo el país. También sus resultados fueron "democráticos": se impuso la minoría más democrática con el apoyo electoral de otras minorías, no tan democráticas, pero que, siguiendo el estado de ánimo de la junta militar, estuvieron dispuestas a aceptar la democracia como un mal menor.

Habría que determinar si los efectos del cambio de gobierno son también democráticos. En principio, es dudoso que pueda hallarse en el mundo un gru­po humano con mayor vocación de­mocrática que el que rodea al doctor Alfonsín. Pero esto es una herencia del Proceso: años de dictadura han llevado a confundir el concepto de democracia -gobierno del pueblo- con los concep­tos de libertades y garantías eso que tanto empeño se ha puesto en conceder a la población. Nada hay más fácil, para el gobierno que asume en diciembre de 1983, que establecer libertades y garantías: para ello le basta con actuar por omisión. En cambio, nada hay más difí­cil que establecer la democracia, u operar democráticamente, porque esto exige acciones tendientes a incrementar la chance de participar en el poder a todos los ciudadanos. En algunos casos, estas acciones son impracticables por la natu­raleza misma del poder y de las deci­siones que el Estado debe adoptar: por ejemplo, en el tema de la misteriosa negociación de la deuda externa y de la im­penetrable política energética. En otros casos, las acciones tendientes a fundamentar la democracia mediante la elevación de la chance participativa del pueblo, el obstáculo es de índole teóri­ca: todos los teóricos y los místicos de la democracia radical son liberales. Para ellos, el ciudadano concurre al mercado de poder aisladamente, y como un pe­queño oferente o demandante de mercancías, basta que el Estado minimice los controles represivos para que pueda acceder igualitariamente a la riqueza política, a su cuotita de poder. Infortu­nadamente, la sociedad no es un merca­do de conciencias y de acciones libres: por una parte hay un juego de cartas marcadas cuya clave es conocida sólo por unos pocos; por otra parte, la distribución de la baraja es irregular: hay gente mal sentada, -en el interior, en el fondo de ciertas clases sociales- y, hay gente que no alcanza a conocer las reglas del juego, -analfabetos, alfabetizados que creen en la promesa de los medios de comunicación-, y hasta hay gente que ni se ha enterado de que el partido comenzó. Creer que las palabras expresan los pensamientos, creer que los pensamientos rigen la voluntad, creer que la voluntad conduce a los acontecimientos y creer que los acontecimientos son controlables por el alcance de las leyes, tal es la síntesis de la confianza cívica ra­dical. Hay estados del mundo donde uno puede sentarse a gobernar con estas creencias y hacer las cosas bien: sucedía en Uruguay -la Suiza del Plata-, cuando una vaca valía igual que un Ford; sigue ocurriendo en Suiza, -la Suiza de Suiza- mientras los relojitos siguen costando cuatro vacas y los bancos siguen captando depósitos de gene­rales sudamericanos.

Sucede en bellos países que se dan ma­ña para resolver los conflictos distribu­tivos entre sectores de su economía re­partiendo excedentes captados de otras regiones: ese arte de ajustar la moneda, el cambio y las políticas comerciales para que todo siga funcionando como en los tiempos de la colonia. Pero en países donde el Estado es el centro de la economía y a su vez el juez que debe dirimir re­partos internos sin contar con más fuentes que la propia producción de riqueza, la ilusión liberal naufraga contra una re­alidad en la que la pelea por un puntito porcentual del ingreso equivale a la dis­puta por el control de todo el Estado.

¿Qué puede hacer un radical en esta situación? Hay un ejemplo: cuando la realidad de la mesa mal distribuida y la baraja marcada del campo sindical de­ mostró la inviabilidad de un proyecto li­terario de legislación, en lugar de hacer la autocrítica de la ilusión cívica que lo animaba, recayó en la crítica de la reali­dad, como si la realidad pudiese convertirse en una entidad accesible y sen­sible a las invocaciones del discurso po­lítico. Hay más ejemplos: las Fuerzas Armadas, el Fondo Monetario Internacional, la potencia hegemónica del Nor­te, los precios de la canasta familiar, etc. Cada uno de estos campos arroja una misma enseñanza: la inutilidad de las in­tenciones que se vuelven contra la apariencia de las cosas, sin operar sobre la verdadera entidad de las cosas - "¿ y cuál es la verdadera naturaleza del imperialismo, de la burocracia sindical, del capitalismo dependiente, de los dese­quilibrios regionales, de la estructura de los mercados de distribución argenti­nos ... ?" Podría preguntar un radical a esta altura de mi artículo.

Yo no sé, pero yo no me postulé para administrar la herencia del Proceso, ni me postularía para hacerlo en estas condiciones. En cambio, se que la frialdad popular que respondió al festejo de los primeros cien días, la calidez verbal con que media docena de funcionarios esta­dounidenses se dirigieron a los fun­cionarios argentinos, la crudeza del diagnóstico que después de sus diablu­ras multinacionales decretó el octogena­rio Prebisch, el rebote legislativo del proyecto sindical, la disparada de los precios, la decepción de los que imagi­naban una justicia reparadora a la irreparable guerra sucia, el lento desinflarse del Plan Alimentario Nacional, la vía muerta a la que fueron a parar algunos planes ferroviario-culturales, todo eso y todo lo demás, tiene un denominador común: la inutilidad de la retórica, ese arte que sirve para ganar voluntades en el gratuito acto de votar, pero que impide dominarlas en las costosas operaciones económicas y biográficas que componen la vida de las sociedades. Claro: todo este esquema se derrumba frente a una pregunta típicamente radical: "¿y que pasaría con un gobierno de Luder ... ?" Tiendo a pensar que ni si­ quiera sería más caótico: sería igual. Lu­der, como Alfonsín, fue radical, y si su tardía conversión al peronismo le depa­ró posiciones que difícilmente habría encontrado en su partido de origen, a la vista de sus expresiones y de sus actos, no le brindó mayores enseñanzas. Pro­bablemente la diferencia entre Luder y Alfonsín se resuelva en que uno parecía más dispuesto a compartir el poder con los que se comen las eses finales, y el otro parece más dispuesto a compartirlo con los que se comieron la riqueza del país. Pequeñas diferencias para dos proyectos que se disponían a compartir la, herencia del Proceso: una baraja de naipes marcados que se distribuyen des­ parejamente entre los ciudadanos. De cualquier forma estamos en una de­mocracia que autoriza a publicar estas reflexiones, y la dictadura militar es co­sa del pasado. Otra herencia del Proce­so: la expresión "dictadura militar". ¿Hubo una dictadura militar? Todos hablamos de la "dictadura militar". Hasta hay inteligentes que piensan en la dictadura oligárquico-financiera­ multinacional que comenzó a montarse en 1974 y para nombrarla usa la expre­sión "dictadura militar", dándole el nombre de una de las instituciones que sirvieron a su política y creando un pla­no de diálogo en el que la verdad del Proceso se escapa. Ese escape es otra he­rencia cultural del proceso: una cultura "radical" en la que vive la mayoría del pueblo, y según la cual, el 10 de di­ciembre, las invisibles murallas de la Constitución Nacional trabaron para siempre las puertas de los cuarteles, de las bases y los apostaderos, creencia complementaria a otra, aún más grave, que imagina que aislando a los ejecuto­res de una política pueden dejarse intac­tos a sus autores y sus beneficiarios, y hasta sentarse a dialogar con ellos, y concederles su participación "democrá­tica" en el poder.

Mientras, la justicia, en la medida de sus posibilidades, debe dirimir la cues­tión de los desaparecidos. Algo desagra­dable: acabo de recibir una invitación: la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires me convida a participar en el acto de homenaje a Haroldo Conti que se realizará entre el 7 y el 11 de mayo de 1983 en el Centro Cultural San Mar­tín. Evidentemente, no se trata de ho­menajear a una obra literaria: es un re­pudio a los "errores" y "excesos", esa cuestión de los "desaparecidos". Otra herencia cultural: este teleteatro del horror montado para enseñar a las nuevas generaciones lo que va a sucederles a quienes intenten transgredir los límites del disenso permitido. "La violencia de arriba genera la violencia de abajo... " repitió un militar, -Perón-, y la violencia de abajo, se vio, determina el delirio del terror de arriba. ¿Qué hace la Municipalidad? Homena­jea a las víctimas inocentes que pertenecen al ámbito de las artes sagradas. Un buen tema para ambientar su Feria del Libro y sus exposiciones culturales patrocinadas por la gran industria. El terror de Estado, se ve, no sólo sirve para estimular la industria editorial con te­mas espectaculares, sirve también para fundar una cultura condenada a rumiar los temas de la inconmensurabilidad del horror, de la impuntualidad de la justi­cia, y de la impensabilidad de ciertas situaciones límite. Otra herencia cultural del Proceso: la impensabilidad de las situaciones límites de la violencia. Si por una parte, la elevación del contraste "democracia" "dictadura militar" al rango de una oposición básica de nuestra sociedad promueve el divorcio definitivo entre pueblo y Fuerzas Arma­das, por otra, la construcción mítica de un infierno genocida y concentraciona­rio funda para siempre la división social del trabajo entre los execrables usuarios de la violencia legítima, y los pacíficos ciudadanos de la violencia im­posible. Se vio en el encuentro entre dos diputados del ala más radicalizada del radicalismo -Rodríguez y Storani jr­- y el irónico tycoon peronista Jorge Antonio. Los muchachos fueron explícitos: ante un golpe militar no habrá resis­tencia armada; apenas desobediencia civil. Al parecer, olvidaron que los golpes militares siempre se amañan para conseguir el entusiasmo civil (1930, 1943, 1966, 1976) o para obtener la condes­cendencia de los civiles (1955). O tal vez no lo olvidaron, pero a ellos, como a los lectores de los infinitos episodios del show del horror, los convencieron de que no hay nada mejor que la resignación y la confianza en que a la larga, el espíritu superior de la Constitución se impone sobre la materia indigna de las patotas y de las patologías políticas latinoamericanas. ¿Cómo se zafa de esta herencia cultural? Creo qué el mejor camino es pensar lo que ella y sus administradores decretaron como impensable, y pensarlo con los modelos intelectuales que exorcizaron como intolerables. Algo que tal vez los radicales no puedan pensar, ni tolerar, pero que deberán pensar y tolerar si quieren tener una política propia y dejar de admi­nistrar las políticas del régimen anterior..